Con la disolución de las Cortes caducan todas las iniciativas cuya tramitación no había concluido. Para continuar, deben presentarse de nuevo en la siguiente legislatura y su tramitación empieza desde el principio.
Publicados poco antes de la disolución y pendientes de votación. Corresponde a la Diputación Permanente convalidarlos o derogarlos hasta la constitución de las nuevas Cortes.